Ganó la lista oficialista en el Colegio de Magistrados, señalada de haber tenido el apoyo de la Corte

Cerca de las 20, la Junta Fiscalizadora del Colegio de Magistrados reveló el escrutinio de la elección de autoridades: 86 votos para la lista oficialista N°1, que encabezó la jueza penal Ana Lía Larrea, la que aventajó a la de la oposición, la N°2, que lideró su colega del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, que obtuvo 52 sufragios. De esa manera, Larrea logró la reelección por un nuevo mandato de dos años. Se trató de una disputa interna que no se daba desde hace más de 20 años, la que se caracterizó por los apoyos de peso que se dieron. Según distintas fuentes judiciales, el oficialismo contó con el respaldo de la Corte de Justicia, mientras que la oposición tuvo el acompañamiento del fiscal General.

Larrea asumió el 15 de marzo de 2022 en la presidencia del Colegio de Magistrado y, en la gestión anterior, había sido vicepresidente, bajo la conducción del hoy camarista civil Carlos Fernández Collado. Para la contienda de hoy, se invirtieron los roles, ya que la jueza del Tribunal de Impugnación Penal quedó al frente de la lista oficialista y su colega Civil la acompaño como candidato a vice.

Tras el resultado, Larrea señaló que "nos eligieron por la gestión y el trabajo que se ha mostrado hacia los asociados", mientras que Fernández Collado destacó que la decisión de los afiliados "nos convoca a seguir trabajando en el mismo camino, reforzando el diálogo y los aspectos en la defensa de nuestros asociados".

Justamente, el Colegio tiene la tarea de defender a los magistrados ante cuestionamientos infundados sobre sus sentencias o actuaciones judiciales, además de que tiene la misión de discutir con la Corte las medidas que se tomen y afecta el trabajo y el desarrollo del servicio de Justicia.

En campaña, fue una de las críticas que lanzó Tettamanti, ya que en el programa "Demasiada Información", de Radio Sarmiento, había indicado que la actual conducción no tenía resultados ante las gestiones realizadas en el máximo tribunal. Larrea indicó que "hay muchas cosas que se han dicho en campaña que tenemos que tomarlas y trabajar. Seguir con la escucha e incrementarla". De hecho, uno de los cuestionamientos, por lo bajo, ha sido la complacencia del Colegio frente a decisiones de la Corte.

En el medio, trascendió de distintas fuentes que el máximo tribunal respaldó la lista 1, mientras que el fiscal General, Eduardo Quattropani, había apoyado a la número dos. El comentario que reinó entre la oposición fue la presencia y la votación de ministros de la Corte, como Marcelo Lima, Daniel Olivares y Juan José Victoria. También se incluyó a Guillermo De Sanctis, pero desde el entorno del cortista lo negaron rotundamente.

Son afiliados a la institución, aunque voces opositoras veían como contraproducente el hecho de que participaran en la contienda electoral, dado que integran el máximo tribunal, el cual tiene que “enfrentarse” a los planteos que haga el Colegio de Magistrados en defensa de sus socios. Así, recordaban que el titular del Ministerio Público, por estatuto, no está asociado al Consejo de Fiscales y Asesores (Confias). Un detalle más de la puja subterránea entre la Corte y el fiscal General.

¿A qué obedecería la intervención de la Corte y del Ministerio Público? En tener nexos en los espacios de poder en el ámbito judicial, en el que suele darse una disputa entre ambos polos de poder de la Justicia local.

Los comicios en la institución estuvieron precedidos por la polémica. Primero, la fecha de la elección debió correrse debido a que las autoridades incurrieron en errores formales a la hora de realizar la convocatoria electoral, lo que fue advertido por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la provincia. Segundo, la Junta Fiscalizadora había bajado la lista opositora de Tettamanti debido a que tres de los postulantes no reunían los requisitos establecidos por el estatuto. Así, hubo planteos del sector de la lista 2, debido a que no se les había dado la posibilidad de sustituir a los candidatos, lo que, al final, el organismo electoral terminó convalidando.

Además, este medio había dado a conocer que la institución fue multada y sancionada con un llamado de atención por Inspección de Personas Jurídicas por no haber cumplido las normas al haber convocado a una asamblea fuera de término y no llevar adelante una reunión de socios para cambiar el estatuto, cuando se le había indicado que era necesario hacerlo.

Otra de los cuestionamientos que circuló fue la desafiliación masiva que ha ido experimentando el Colegio. De hecho, había trascendido que el padrón contenía a 252 afiliados, pero los habilitados a votar fueron 180, mientras que los que concurrieron fueron menos. Un reflejo de la pérdida de socios. Uno de los motivos fue la creación, en 2022, del Consejo de Fiscales y Asesores, que se llevó a dichos magistrados.