Tras las críticas al aparato administrativo, De Sanctis evitó polemizar con Quattropani y dijo que la Corte “no tiene que generar peleas”

El jefe de los fiscales Eduardo Quattropani viene criticando la influencia del secretario Administrativo, Javier Vera, en las decisiones del Poder Judicial, al punto de que termina siendo un tiro por elevación a la Corte de Justicia. En ese contexto, solicitó una auditoría sobre la Oficina Judicial Penal para verificar si llevó a cabo los sorteos entre jueces para la integración y la presidencia de los tribunales de juicio desde 2021 a 2023.

La Corte de Justicia dispuso realizar la investigación interna y, ante la consulta por las definiciones que viene dando el titular del Ministerio Público, el ministro Guillermo De Sanctis resaltó que “no quiero ser contestario ni entrar en litigio mediático con el fiscal General. La Corte no tiene que descender de nivel y ponerse como un reñidero a generar peleas como gallos de riña. Tiene que mantener su nivel de cabeza del Poder Judicial”.

Los cuestionamientos de Quattropani al funcionamiento del “aparato administrativo” comenzaron con el adicional que la Corte le entregó a un grupo de administradores de las Oficinas Judiciales, en el marco de un reclamo que había encarado el gremio Unión Judicial. “Estoy convencido que la decisión tomada (sobre el adicional) se corresponde con una deficiente información brindada a la Corte de Justicia por parte de la Administración”, había indicado en un comunicado.

Luego, en conferencia de prensa, criticó una acordada del máximo tribunal que, según el jefe de los fiscales, le da facultad a la Secretaría Administrativa, de la que depende la Oficina Judicial Penal, de “cambiar un juez por otro fuera de los casos previstos por la ley”. Así, dejó afuera a las principales autoridades judiciales del reproche al señalar que “en modo alguno responde a lo que la Corte o su Sala de Superintendencia desean para el Poder Judicial”.

De todas formas, las definiciones no dejan de ser señales al máximo tribunal, como cúpula de la Justicia. No fue lo único, ya que el titular del Ministerio Público pidió una auditoría sobre la Oficina Judicial Penal para que se chequee el procedimiento de conformación y conducción de los tribunales de juicio desde el inicio parcial del sistema acusatorio hasta 2023. Además, solicitó que la investigación interna no la efectúe ni el responsable ni personal de la Secretaría Administrativo, “a fin de salvaguardar la objetividad del proceso”.

Ante la consulta de si Quattropani pretende ir por “la cabeza” de Vera, De Sanctis indicó que “no voy a hacer un juicio de valor” ni “afirmaciones que no corresponden”. El ministro sí dio definiciones sobre la auditoría, como miembro de la Sala de Superintendencia, que será la encargada de llevar adelante el procedimiento. El presidente de la Corte y de dicha Sala, Marcelo Lima, no quiso hablar del tema.

Así, De Sanctis destacó que “la Corte tenía la facultad de no hacerle lugar al pedido del fiscal General” porque en los juicios a investigar de 2021 a 2023 “los jueces fueron consentidos por las partes, fiscales y defensores, y las causas se resolvieron y tuvieron sentencias, las que están firmes, son cosa juzgada. Entonces, podríamos haber dicho que no hay nada que investigar. Sin embargo, se decidió, en pleno, acceder a la solicitud fiscal por una cuestión de transparencia, desde la convicción de que no hay nada que ocultar”.

Ante la consulta de si ese análisis revela un resultado a futuro, el ministro expresó que “no voy a hacer juicio de valor. Eso indica que la Corte tenía todas las facultades de denegar el pedido”. Además, manifestó que “yo parto del principio de que está todo legal. Si se encontrara alguna cosa fuera de lugar, procederemos a marcarle a la Oficina Judicial Penal el error o lo que sea”.

El ministro explicó que la Corte le encargó a la Sala de Superintendencia que “realice las diligencias necesarias para cumplir el objeto solicitado”. En ese punto, envió una señal, si se quiere, dado que resaltó que dicha Sala “es la cabeza de la administración real, es la cabeza política, la dirección de la administración”.

En ese marco, destacó que ya han arrancado con las tareas preliminares y resaltó que los tres miembros de la Sala (en la que también se encuentra Adriana García Nieto) “están siendo asistidos por colaboradores propios”, prosecretarios de la Corte que trabajan con los ministros. “Nosotros vamos a ser los garantes y el personal es el que va a ejecutar la tarea y ya está empezando a hacerlo, interviniendo con la gente de la Oficina Judicial Penal para verificar todos los registros y los cientos de trámites que han demandado la asignación de jueces””.

Así, remarcó que “no hemos hecho participar a la Dirección de Control de Gestión y Auditoría”, que depende de la Secretaría Administrativa, en línea con el pedido del fiscal General.

En cuanto al plazo que demandará la auditoría, De Sanctis dijo que “no hay un tiempo perentorio ni calendario” para la Sala de Superintendencia. “Tiene que ser lo necesario para ser minuciosos y detallistas. No atropellarse los alambrados, con prudencia. Pero tiene que ser un plazo razonable, el cual es seguro que será dentro de este año”.

Tras la investigación, el cortista señaló que “emitiremos un informe final con documentación respaldatoria”. Si llegasen a detectar irregularidades, De Sanctis prefirió no dar definiciones de cara al futuro del caso.