Condenaron a dos funcionarios de AFIP por hacer negocios con contribuyentes

El Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) le aplicó un castigo de 1 año y 6 meses de prisión en suspenso a Mirta Caballero, empleada de la AFIP, además de que condenó con un 1 año de cárcel a su hijo, Santiago Martín, que también se desempeña en el organismo recaudador. Los dos fueron hallados culpables del delito negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, ya que ambos habían quedado en la mira por pedirles plata a contribuyentes para solucionarle los problemas de deudas que tenían con el fisco.

Los jueces Hugo Echegaray, Daniel Doffo y Eliana Rattá dieron el veredicto el lunes, mientras que, luego, brindarán los fundamentos. Además, la sanción incluyó la inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos tanto para Caballero como para su hijo. El fiscal federal Francisco Maldonado había solicitado una pena de 3 años de prisión en suspenso para Caballero en dos hechos, al igual que los abogados de la AFIP, Patricio Escudier y Diego Tell, los que actuaron como querellantes. A su vez, el representante del Ministerio Público había pedido un castigo de 1 año y 6 meses para Martín como partícipe en un solo hecho. Por su parte, la querella iba por una condena 2 años y medio. Ambas partes habían solicitado la inhabilitación para ocupar cargos públicos. La defensa estuvo a cargo de los abogados Marcelo Fernández y Franco Montes, quienes habían pedido la absolución de sus clientes.

El fiscal había indicado en su alegato acusatorio que Caballero tenía un “mecanismo aceitado para cobrar un plus”, dado que atendía contribuyentes, los derivaba a su hogar, les pedía su clave fiscal y se metía en sus registros para solucionarle los problemas por deudas, a cambio de sumas de dineros. La acusada quedó bajo la lupa en dos casos, en los que los montos que había pedido estaban en el orden de los 500 y 600 pesos, allá por 2013.

Por su parte, el abogado de AFIP había remarcado que, en el sumario administrativo, Martín había declarado que una de las contribuyentes se la “acercó su madre”.

Tanto Maldonado como Escudier habían señalado que los testimonios de los denunciantes están respaldados por las altas y bajas y cambios de categoría que se detectaron en los registrados de los dos contribuyentes, movimientos atribuidos a Caballero. Es que la mujer, según la acusación fiscal, utilizó su clave y la PC del organismo (se verificó a través de la IP de la máquina) para modificar los registros de los denunciantes.

Si bien madre e hijo son empleados y no ocupan lugares jerárquicos, están equiparados a funcionarios públicos, ce acuerdo a la normativa. Por ello, por ejemplo, no pudieron acceder a una solución alternativa del conflicto, como una probation, es decir, realizar tareas comunitarias con el fin de evitar el juicio.